Cuando a los derechos los convierten en mercancías

Dr. David Velasco Yáñez, sj Profesor de ITESO. Email: dvelasco@iteso.mx Con la colaboración de Diana Laura Zárate Rosales, Clara María de Alba de la Peña, Fabiola del Carmen Ibarra Ramos y Daniela Záizar Pérez, estudiantes de Relaciones Internacionales del ITESO; Denisse Montiel Flores, egresada de Relaciones Internacionales y actualmente estudiante de Derecho del ITESO, y Belinda Guadalupe Camarena Vázquez, abogada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

 

Resumen. Este artículo forma parte del proyecto de investigación El Campo de los/as Defensores de Derechos Humanos en México. En esta ocasión se analiza el examen realizado a México por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que tanto el Estado mexicano como las ong presentaron sus informes sobre el cumplimiento de la convención; además de ello, destacamos tanto las problemáticas latentes sobre la aplicación del pacto como la visión del Grupo de Trabajo de la onu sobre las empresas y la responsabilidad de las empresas nacionales y trasnacionales en las violaciones de derechos humanos.
Palabras clave: trasnacionales, derechos laborales, derechos ambientales, consulta a comunidades indígenas.

 Abstract. This article forms part to the research project The Field of Human Rights Defenders in Mexico. On this occasion, the author analyzes the review of Mexico made by the Committee of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, for which both the Mexican State and ngos submitted their reports on compliance with the Covenant; in addition, we highlight latent issues involved in enforcing the Covenant, as well as the un Working Group’s vision regarding corporations and the responsibility of national and international corporations in human rights violations.
Key words: transnationals, workplace rights, environmental rights, consultations with indigenous communities.

 

 

El Comité observa que no hay factores ni dificultades importantes que obstaculicen la aplicación efectiva del Pacto en el Estado parte.[1]

 

Introducción

Desde la formulación del protocolo de investigación del proyecto “El campo de las y los defensores de los derechos humanos en México”, una de las preguntas que nos hicimos se refería a las causas estructurales de la sistemática violación de los derechos humanos (DH) y, en especial, por sus terribles efectos como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de defensores, particularmente, los que defienden derechos ambientales y pueblos indígenas.

En los análisis que hemos venido realizando a los exámenes al Estado mexicano (EM) sobre su cumplimiento de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), hemos dado cuenta del cumplimiento parcial, el no cumplimiento y la reiteración de las recomendaciones tanto de los comités de expertos como de relatores especiales.

En el presente artículo analizamos el examen realizado al EM por parte del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR, por sus siglas en inglés), acerca del cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyas observaciones develan en parte las causas estructurales y sistémicas de la violación de derechos fundamentales como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

En un primer apartado, abordamos la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las trasnacionales y poner fin a la impunidad” (en adelante “la Campaña”) que, asociada a la elaboración de los informes realizados por organizaciones de la sociedad civil (SC), llamados Informes Sombra (IS), dan cuenta de graves violaciones al PIDESC.

Un segundo apartado lo dedicamos a dar cuenta de las tareas del comité de expertos en DESCA que trabaja a la par del Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales (GTDHETN). En la raíz de la problemática encontramos a un Estado al servicio de las empresas trasnacionales (en adelante ETN) y en contra de los DESCA. Los efectos del modelo de dominación instrumentado en México hace más de treinta años dan como resultado la violación sistemática de los DH, en particular los que se refieren al PIDESC. De ahí la importancia de trascender los términos de los resultados del examen a México por parte del CESCR y formular algunas hipótesis que tienen que ver con la incompatibilidad radical entre el DIDH y los tratados internacionales de libre comercio. En el tercer apartado analizamos la visión que tiene sobre sí mismo el EM, particularmente ante el PIDESC. El análisis lo centramos en el iv informe de México del 2005. Examinamos las actas de las sesiones y la respuesta a la lista de cuestiones redactada por el Comité para mostrar que se trata no de un Estado protector de los DESCA, sino un Estado al servicio de las ETN.

Al final del artículo establecemos las conclusiones de este análisis y las posibles tendencias que tendrá esta problemática, pues el debate continúa, mientras la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) no apruebe la declaración en torno a los DH y las ETN. El examen realizado y las recomendaciones del CESCR no alcanzan a explicar las causas estructurales de la sistemática violación de DH, por eso retomamos algunas hipótesis explicativas de la actual sistemática violación de los DESC.

 

De la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las trasnacionales y poner fin a la impunidad” a los Informes Sombra

Ante la explotación, el despojo, el extractivismo, la pobreza y la desigualdad que ha traído el sistema capitalista, han surgido movimientos y resistencias que pugnan por la justicia, la igualdad, la tierra, los alimentos, la desprivatización de la educación, el conocimiento, la salud, los recursos naturales, las artes y la recreación. La Campaña es uno de éstos; se trata de un movimiento internacional cuyo objetivo es hacerle frente y limitar el poder de las ETN; su principal propuesta es la creación de un instrumento internacional vinculante para las ETN en materia de DH.

 

HACIA LA CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO VINCULANTE: ETN Y DH

En 2012 surgió La Campaña, una coalición de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones de diferentes partes del mundo. Esta coalición representa aquello que los zapatistas llaman “esos movimientos que unieron a los diferentes pero semejantes en la rabia y la insumisión, esas resistencias y rebeldías que el Poder también amplió”.[2]

La principal propuesta de La Campaña es la de un Tratado Internacional de los Pueblos, cuya finalidad es “la defensa de los derechos y el empoderamiento de los pueblos”.[3] Éste es un documento político, y “aunque según su significado estrictamente jurídico ‘Tratado’ es un término que se refiere a un documento firmado por Estados, nosotros partimos del punto de vista de que no necesitamos Estados para hacer la ley: es el derecho desde abajo”.[4] Y es mediante este instrumento como se proponen constituirse como la principal fuerza para demandar la creación de normas vinculantes para las empresas, además de sostener que las violaciones de derechos humanos (en adelante VDH) que sufren no son hechos aislados, “sino la expresión de la injusticia sistémica del capitalismo y de la naturaleza sistémica de los crímenes y las violaciones de las trasnacionales”.[5]

La Campaña ha trabajado activamente junto con el “Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas trasnacionales y de otras empresas comerciales en materia de derechos humanos” (diferente al GTDHETN) en la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las ETN respecto de los DH. Los argumentos de este tratado giran en torno a la asimetría de poder entre empresas y Estados porque, como señalan, para las primeras sí es posible recurrir ante un tribunal internacional —el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI)— y denunciar a los Estados; en cambio, ni los Estados ni las comunidades cuentan con ningún mecanismo para exigir justicia y reparación de daños por las VDH ya cometidas. Finalmente, señalan que este futuro instrumento debe incluir reglas sobre las obligaciones de las instituciones financieras internacionales, debido a que éstas contribuyen a la impunidad de las ETN y, por lo tanto, son responsables de muchas VDH.

 

EL CASO DE MÉXICO

La impunidad de la que gozan las ETN a escala internacional no es muy diferente de la que atraviesa/recorre nuestro país, donde se le da prioridad a los derechos de los inversionistas sobre los DH de la sociedad y de las personas.[6] Sobre la base de la más reciente evaluación que realizó el CESCR sobre la situación de los DESCA en México, describiremos las principales VDH que destaca la SC. Como hay pocos is emitidos por la SC, la información consultada proviene también de organizaciones como el Centro Europa–Tercer Mundo (CETIM), la revista América Latina en Movimiento (ALAI) y la Red Mexicana de Acción Frente al libre Comercio (REMALC).

 

DERECHOS AMBIENTALES Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Desde la SC se critica que durante el actual sexenio de Peña Nieto ha habido un impulso al desarrollo de megaproyectos que han repercutido en la invasión de territorios de pueblos y comunidades indígenas (CI). Al respecto se afirma que en el país “más de 2500 ejidos y ci están en riesgo de ser ocupadas total o parcialmente por empresas energéticas”.[7] De igual manera, se señala que no existe una consulta previa ni la información necesaria a estos pueblos cuando se pretende desarrollar un proyecto que les concierne. Por eso, le piden al Comité que cuestione al EM sobre las medidas puestas en marcha para cumplir con su recomendación del 2006 sobre consultar a las ci afectadas por megaproyectos en las tierras que poseen y ocupan tradicionalmente.

Muchos pueblos y CI han sido despojados de sus tierras y, en consecuencia, han sido desplazados; el Comité pide que se proporcione información de cómo se protege a las ci de las amenazas, la violencia, la ruptura del tejido social, el desplazamiento y el despojo de sus tierras y territorios ancestrales cuando se quiere llevar a cabo un proyecto; así como de las medidas adoptadas para sancionar y reparar el daño cuando todo esto sucede.

Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) emitió un informe relativo a la situación de las personas defensoras de DH (en adelante DDH) en México, en el que destaca las siguientes problemáticas: la falta de una mayor visibilización de las VDH al no existir información y estadísticas suficientes al respecto, la falta de información y consulta previa destinada a las CI afectadas, la falta de sanción y justicia debida en los casos de VDH, la vulnerabilidad de las mujeres DDH por el actual marco de violencia de género;[8] por último, otro is sostiene que en el 2010 solamente se registraron 10 ataques de VDH a los DDH, pero en el periodo estudiado del informe la cifra se elevó a 109 casos.[9]

 

DERECHOS LABORALES

Se hace énfasis en la brecha existente entre hombres y mujeres para el pleno disfrute de este derecho. A la SC le preocupa el desempleo, ya que 30% de la población es parte de la población económica no activa y, además, de la población empleada en 2016 eran hombres 61.78% y solamente 38.1% eran mujeres, lo que da cuenta de la desigualdad de género.[10]

Con respecto al salario, a pesar de su aumento no es suficiente para adquirir una canasta básica; otro aspecto problemático se refiere a que en 2014 todavía era muy alto el porcentaje del trabajo destinado a las labores domésticas y de cuidados no remunerados, siendo éste de 18% y realizado en general por las mujeres.[11] De igual manera, la SC propone al Comité que pida al EM explicar cuáles son las medidas para atender y solucionar la disminución del poder adquisitivo del salario mínimo.

 

SALUD Y EDUCACIÓN

En salud se mantiene una brecha de accesibilidad debido a que la seguridad social está ligada al acceso laboral, 61.2% de la población no tiene acceso a ella.[12] En 2017 el gobierno recortó 10.81% el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud Federal, razón por la que algunos is solicitan cuestionar al EM al respecto.

En educación preocupa el alto porcentaje de deserción escolar. En 2013 el porcentaje de los jóvenes de 17 años con oportunidad educativa era solamente de 54.1%.[13] Otra problemática es la calidad de la educación específicamente con respecto a la infraestructura y los servicios públicos que se proporcionan a las escuelas; para 2013 una de cada dos escuelas no contaba con agua, luz o drenaje; además, se enfatiza la brecha regional: en Oaxaca 42% de las escuelas no cuenta con acceso a la energía eléctrica.[14]

 

SOBERANÍA ALIMENTARIA

La sociedad civil considera que la agroindustria ha sido una de las principales causas que afectan el desarrollo de la soberanía alimentaria, por el uso de agroquímicos y transgénicos que tienen como consecuencia el deterioro medioambiental y la reducción de tipos de especies cultivadas en la región.

Se afirma que “el EM no cumple con el requisito de generar por lo menos 75% de los alimentos para su población y, al importarlos, tampoco atiende al principio de idoneidad de los productos alimenticios”.[15] Por último, el EM ha otorgado millones de hectáreas a diversas ETN con permisos para la siembra de transgénicos, agravando el deterioro ambiental y la falta de soberanía alimentaria en el país.[16]

Además, el EM ha permitido la importación y utilización de pesticidas y productos químicos prohibidos o restringidos, lo que ha ocasionado daños ambientales y problemas de salud pública. El Comité pide que el EM proporcione información acerca de las medidas instrumentadas al respecto, haciendo énfasis en que el Comité de Derechos del Niño ya había recomendado la prohibición de estos productos.

 

DERECHOS CULTURALES

La organización Christian Solidarity Worldwide aportó un is que hace énfasis en la restricción de libertad de religión que afecta principalmente a las ci. Informa que en Hidalgo y Chiapas las autoridades locales obligan a los habitantes a participar en festividades religiosas ajenas a sus creencias; de no hacerlo las penas llegan incluso al encarcelamiento.[17]

Asimismo, organizaciones como Tlachinollan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, señalan que los derechos culturales de los pueblos y ci están siendo afectados por la construcción de megaproyectos en territorios que son sagrados para éstos. Por ello, le piden al Comité que le solicite al EM que informe de qué manera protege y garantiza los derechos culturales de pueblos y CI como Wirikuta, Las Cruces, San Mateo del Mar, entre otros que se encuentran en esta situación.

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

Aunque el TLCAN pretendía generar más y mejores empleos, en la realidad el salario mínimo ha perdido 20.41% de su poder de compra. Además, la desocupación ha crecido 271.21% mientras que la población en edad de trabajar ha crecido solamente 44.07%.

Organizaciones campesinas realizaron un pronunciamiento en Ciudad Juárez el 10 de enero del 2014 contra el TLCAN, en el que critican que el acuerdo solamente ha beneficiado a unos cuantos a costa de su trabajo, recursos y derechos.[18] Sostienen que solamente se ha incrementado la desigualdad, la pobreza, la migración, el precio de los alimentos, la monopolización de los mercados, la inseguridad y el despojo de sus tierras, aguas y recursos.[19] Se cuestiona al EM sobre el abandono del campo y el crecimiento del crimen organizado en todo el país.

En el mismo pronunciamiento se exige asegurar la plena realización de sus DESCA con empleos bien remunerados para la juventud en el campo, una alimentación sana, vivienda digna, salud, educación, seguridad social y el acceso a la cultura y recreación; además, se exige que esto no se haga mediante programas asistencialistas y el manejo clientelar del sistema político electoral.[20]

Ante el despojo, la indiferencia, la explotación, la injusticia y la impunidad de las VDH cometidas por las ETN apoyadas por el EM, surgen movimientos que logran agrupar las voces de todos/as aquellas que han sido olvidadas, reprimidas y silenciadas; las cuales pugnan porque las ETN respondan por todas las VDH que han cometido y que reparen los daños que han causado.

En el caso de México, podemos darnos cuenta no solamente de la deficiencia del EM para garantizar plenamente los DESCA a la población mexicana, sino de la constante omisión, desinterés y cinismo con el que continúa permeando la supremacía de un régimen político, económico y social en beneficio de las ETN y de los inversionistas. Se trata de la concesión de los DESCA, por parte del EM, a estos monopolios empresariales a los que se les otorga el completo manejo de derechos básicos y fundamentales de las personas; en otras palabras, hablamos de una mercantilización de los DESCA en beneficio de las ETN, que lo mismo venden salud que educación y vivienda.

 

El Consejo de DH examina a México y el Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales, propone

El CESCR se estableció el 28 de mayo de 1985 mediante la resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del PIDESC. Aquí nos enfocamos en las observaciones, preocupaciones y recomendaciones que realizó el Comité en el iv periodo, correspondiente a 2006.

Analizaremos el seguimiento que dio el GTDHETN a los esfuerzos del EM y el sector empresarial en el respeto e instrumentación de los “Principios Rectores sobre las empresas y los DH”, los cuales fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Estos Principios implican tres exigencias: la obligación de los Estados de proteger a la población de los abusos de los DH cometidos por las empresas, la responsabilidad de las empresas de respetarlos, y la obligación y responsabilidad de los Estados y las empresas de proorcionar reparaciones efectivas y vías de acceso a la justicia eficaces.[21]

Aquí examinaremos la primera visita del GTDHETN, en agosto de 2016, a la Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se encontraron tanto con representantes del EM y empresas privadas como con líderes de la SC y DDH.

 

 Examen del Comité

DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Entre las peticiones de información que hace el Comité al EM[22] está la solicitud de que dé cuenta de las políticas adoptadas para hacer frente a la segregación ocupacional que lleva a que las mujeres se concentren en actividades económicas menos remuneradas que los hombres; pide también que informe si se han ratificado convenios de la OIT sobre desempleo, inspección de trabajo, derecho de sindicación y negociación colectiva, política de empleo y social y sobre las medidas que ha adoptado para proteger el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección.

El Comité hace énfasis en su preocupación sobre los bajos salarios mínimos en el país, principalmente el de las mujeres e indígenas, las malas condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas, las restricciones legales para trabajadores particulares y estatales para ejercer libremente sus derechos sindicales, el elevado porcentaje de menores trabajadores en los sectores agropecuario e industrial, la carencia de derechos de seguridad social y seguros de desempleo.

Asimismo, pide información sobre los efectos que ha tenido el TLCAN en el disfrute de los derechos reconocidos en el PIDESC.

 

IGUALDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El Comité pide información sobre los recursos financieros a disposición de programas sobre asuntos de la mujer y protección a las víctimas de la violencia familiar y pregunta si ha tomado medidas para investigar y sancionar a los autores de las múltiples desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Asimismo, lamenta y manifiesta preocupación por la inexistencia de leyes sobre igualdad de género y acoso sexual en 14 de los 32 estados de la República; le preocupa la exigencia por parte de empresas de certificados de no gravidez como condición de contratación y el alto índice de violencia doméstica contra mujeres y niños.

 

SITUACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA

Preocupa al Comité la falta de consulta a los miembros de las ci en la construcción de proyectos, como la presa hidroeléctrica La Parota y otros proyectos en el marco del Plan Puebla–Panamá, así como el uso de la fuerza para impedir su participación en relación con la ejecución de estos proyectos. Considera preocupante la falta de protección en leyes sobre derechos de autor, de la autoría colectiva de los pueblos indígenas de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, derechos ancestrales y de los conocimientos de los indígenas. También pide información sobre si se garantiza a todos los indígenas el derecho a expresarse en su lengua nativa en las actuaciones judiciales y solicita datos estadísticos, desglosados por zona geográfica, sector económico y grupo social, de la extensión de la pobreza en el em, en especial entre la población indígena de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

 

EDUCACIÓN

El Comité pide información sobre las medidas para reducir el alto grado de analfabetismo, en especial de los adultos, y para garantizar el derecho a la educación de los trabajadores agrícolas migrantes y trabajadores migrantes indígenas que abandonan su comunidad en busca de fuentes de trabajo. Le preocupa la falta de educadores en primarias y secundarias, en particular en zonas apartadas y pobladas por indígenas, así como la reducida tasa de frecuentación escolar de los niños indígenas. Entre sus recomendaciones prioritarias exhorta al EM a reconocer los derechos de propiedad y posesión de las CI sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, a que garantice una indemnización apropiada y tierras alternativas para el cultivo a las ci y a los agricultores locales afectados por la construcción de megaproyectos; insta al EM a regularizar gradualmente la situación de las personas que trabajan en el sector no estructurado, así como a tomar medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas y migrantes.

 

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos y los Principios Rectores sobre las empresas y los DH

En 2016 el GTDHETN realizó una declaración en la Ciudad de México[23] en la que dio cuenta del contexto social y económico del EM, el cual no refleja los avances legislativos y las políticas públicas promovidas por el EM, sino que ponen en evidencia que más de la mitad de la población mexicana vive por debajo de la línea de la pobreza; las principales VDH por parte de las ETN, se relacionan con el ejercicio inadecuado de Debida Diligencia por parte de las compañías y del EM.[24] Al respecto, el GTDHETN realizó una investigación sobre megaproyectos, la cual arrojó que la falta de consulta a los pueblos y CI afectadas es una constante, así como la ausencia de reparación de daños y perjuicios.

Por otra parte, el GTDHETN se encontró con que varias ETN señalan que la responsabilidad de consultar a las CI recae en las autoridades federales; sin embargo, el GTDHETN enfatizó la responsabilidad de las empresas de evitar o provocar daños a los DH a través de sus actividades, independientemente de la capacidad del EM para cumplir con sus obligaciones; por lo que recomendó que se apegaran a la Guía de Debida Diligencia para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector de Extracción de la OCDE.[25]

El GTDHETN mostró preocupación sobre la situación de los jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y menores trabajadores; encontraron que 34% de los trabajadores agrícolas y jornaleros no recibe ninguna remuneración, mientras que 31% sólo gana el salario mínimo, además externó su consternación sobre los 2.48 millones de niños y niñas en México que participan en una actividad económica, de los cuales más de un millón son menores de 15 años y 900 mil no asisten a la escuela.

Concluimos que el Comité y el GTDHETN tienen puntos de encuentro en sus observaciones y preocupaciones; ambos resaltan las grandes carencias de derechos laborales, las situaciones precarias de diversos tipos de trabajadores, como los menores y trabajadores migrantes, así como la falta de verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad. Aun cuando el Comité señala las VDH ocasionadas por la falta de consulta, es el GTDHETN el que resalta el papel de las empresas en el respeto de DH y su obligación de hacer valer los Principios Rectores ya mencionados y la necesidad de dar protección a periodistas y DDH, uno de los grupos más vulnerables a VDH.

 

Un Estado al servicio de las trasnacionales

En esta parte, analizamos las acciones que el EM destaca ante el Comité y también identificamos las preocupaciones del Comité de las que no da cuenta. Como veremos, el EM presume de educación, igualdad de género, derechos de los indígenas y defiende el TLCAN en todo momento.

El EM comienza a desarrollar su informe IV para dar cuentas al Comité diciendo: “El respeto y protección de los DESCA es además congruente con la tradición histórica de México en cuanto al desarrollo de normatividad en la materia, sobre todo, en cuestión de derechos sociales”.[26]

 

INDÍGENAS

El informe iv se refiere a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de marzo de 2003. Esta ley establece en su artículo 8 que “ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable”.[27] También pretende prevenir la discriminación a indígenas puesto que establece en su artículo 24 que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promoverá la expedición de leyes que sancionen y penalicen “cualquier tipo de discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas nacionales”.[28]

En el examen que se le hizo al EM en 2006 se le preguntó tanto por la situación de las CI como por los esfuerzos realizados para reconocer el conocimiento ancestral, su derecho sobre la tierra y el acceso a una educación bilingüe. Los delegados contestaron que las cuestiones relativas a los indígenas son de suma importancia para el EM, por lo que se han elaborado políticas públicas multisectoriales con perspectiva de género e igualdad para dar solución a los múltiples problemas que atañen y afectan a las CI, especialmente en educación, pues hay un aumento presupuestal con un gasto fuerte en educación intercultural bilingüe, pero no aportaron datos precisos.

El EM también hace gala de la reforma constitucional de 2001 que consagra el derecho de todos los pueblos autóctonos a la autodeterminación y autonomía. Tal reforma incorporó principios para regular conflictos internos manteniendo el respeto a las garantías individuales, los derechos fundamentales y la dignidad e integridad de las mujeres. Consagra el derecho de los pueblos indígenas de preservar su lengua, saberes y todos los elementos constitutivos de su cultura y su identidad.

 

MUJERES

El EM informa del proyecto “Legislar con Perspectiva de Género”, el cual busca incorporar en las iniciativas de ley. Los principales temas de este proyecto son: presupuestos con perspectiva de género, derechos laborales de las mujeres, sistemas de cuotas en la participación política de las mujeres, entre otros. También se presentó, en 2003, una propuesta de reforma a diversos artículos de la Ley de Planeación y a la Ley de Información Estadística y Geografía; esas reformas tienen por objeto crear políticas demográficas que incluyan perspectiva de género e incidir para que en la planeación nacional se apliquen criterios de equidad de género. Además, afirma que las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) han tenido impacto en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres y que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) llevó a cabo talleres de sensibilización en 36 dependencias públicas.

 

DERECHO A TRABAJAR

El EM sostiene que cuenta con acciones de vinculación directa o bolsas de trabajo para mostrar las oportunidades de trabajo que ofrecen las empresas. En este mismo sentido, cuenta con ferias de empleo en las que se reúnen demandantes y oferentes en un mismo espacio físico, más no proporciona información detallada sobre la logística de este evento ni sobre sus resultados.

En materia legislativa, se presentó una iniciativa para reformar la Ley del Trabajo, que incluye:

  • La prohibición y sanción del hostigamiento sexual y la prohibición de despido de una trabajadora o la coacción para que renuncie por estar embarazada, cambiar de estado civil o por tener niños a su cuidado.
  • Facilidades al empleador para que envíe a sus trabajadores a terminar la educación primaria, secundaria o preparatoria.

En resumen, en este apartado el EM dedica 65 páginas de las 271 con las que cuenta el informe, alrededor de 25%, a explicar e informar acerca de este derecho reconocido por el PIDESC.

En la lista de cuestionamientos encontramos que otra de las preguntas que no responde en su totalidad concierne a las medidas adoptadas para “aplicar la legislación laboral en maquiladoras, en especial en cuanto a tiempo extra no pagado, acoso sexual, discriminación en el empleo, inexistentes precauciones de salud y seguridad, despidos injustificados y contratos temporales no escritos impuestos a los trabajadores”.[29] El Estado se limita a responder que ha realizado inspecciones a maquiladoras en materia de seguridad e higiene.

 

TLCAN

A pesar de que el IV informe cuenta con casi 300 páginas y de que el Comité ha expresado su particular preocupación por el TLCAN, el EM le dedica únicamente una página a este tema. Las acciones que expone el EM van enfocadas a lograr el desarrollo regional, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006, y subraya la creación de la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia de la República cuyo objetivo es “promover el diseño de políticas territoriales de largo plazo […] la evaluación, coordinación e implementación de políticas y programas que impulsen el desarrollo regional”.[30]

En las actas de las sesiones, la postura del EM frente al TLCAN es defenderlo. Cuando se le preguntó por sus supuestos efectos negativos uno de los delegados de México respondió que las desigualdades en términos de reparto de la riqueza no aparecieron con el tránsito a la economía de mercado, sino que se remontan al periodo colonial e incluso precolonial.[31] También argumentó que a las únicas personas a las que el TLCAN puede llegar a perjudicar son los pequeños productores que venden sus mercancías en los mercados locales, y que el EM está tomando cartas en el asunto para establecer una política social que permita compensar a los “perdedores”.[32] Así, en opinión de la delegación mexicana, el TLCAN ha dado más beneficios al pueblo mexicano al conseguir conquistas sociales como el derecho a los servicios de salud por parte de los jornaleros,[33] además de crear empleo (lo que genera ingreso), dinamizar la producción y, por lo tanto, favorecer el bienestar.[34]

Como observamos en este apartado, el EM argumenta que cuenta con mecanismos legislativos para proteger y garantizar los DESCA a mujeres e indígenas y que, aunque en menor cantidad, también cuenta con políticas públicas y planes que buscan el desarrollo de grupos vulnerables. Por otra parte, el EM enumera detalladamente las acciones emprendidas en torno al derecho al trabajo; sin embargo, es preocupante que no especifique los resultados o el impacto que han tenido esas acciones.

En derechos laborales, el EM defendió en todo momento el TLCAN y hace mención de los principales retos con los que se enfrenta México, pero no dedica espacio para explicar cuáles han sido las afectaciones, al contrario, sólo sostiene que unas partes han salido beneficiadas y otras no, pero no queda claro realmente cuánto se han favorecido o cuánto se han visto afectadas; tampoco se detalla en qué consisten los planes de desarrollo regional con los que cuenta ni el impacto que han tenido. Este examen del CESCR al EM pone en perspectiva cómo se ha retrocedido en los derechos que protege el PIDESC.

 

Conclusiones generales

El examen que realiza el CESCR al EM en materia de DESCA no aporta mucho que nos pueda explicar las causas estructurales de la crisis humanitaria en materia de DH que vive el país. Lo analizado en el artículo nos recuerda la hipótesis planteada en el análisis del examen a México en materia de derechos civiles y políticos, en el sentido de que ya vivimos en un estado de excepción no declarado formalmente (conforme a la legislación local e internacional) en el cual la lucha contra el crimen organizado ha dado pie a una militarización que ha traído una generalizada trasgresión de DH. Sin embargo, es importante señalar que en el artículo 4 del Pacto y el 29 Constitucional, la suspensión o restricción de derechos que suponen un estado de excepción se encuentra limitada por el respeto de derechos elementales (derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez, los derechos políticos; las libertades de pensamiento, de conciencia y de profesar una creencia religiosa; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura). México ha sobrepasado el estado de excepción al trasgredir todos estos derechos que se consideran inviolables ante cualquier situación. La actual coyuntura en la que los diputados federales discuten una posible Ley de Seguridad Interior y las innumerables voces de protesta en contra de esa ley porque otorga legalidad a las labores de seguridad pública de las fuerzas armadas, nos lleva a explorar intentos explicativos de las causas estructurales de la sistemática VDH, en buena medida, resultado de más de 10 años de militarización de la seguridad pública.

Una primera explicación es la Cuarta Guerra Mundial. Para el difunto Subcomandante Marcos, hay varias constantes en las guerras mundiales: la conquista de territorios y una reorganización de éstos, la destrucción del enemigo y la administración de la conquista. Con sus variaciones, así ocurrió en las primeras tres guerras mundiales, al final de las cuales, “con la derrota y la destrucción de la URSS, y la victoria de eu, alrededor del cual se aglutinan hoy la gran mayoría de los países. Es cuando sobreviene lo que llamamos ‘Cuarta Guerra Mundial’”.[35] En la siguiente cita se concentra la explicación estructural de nuestra crisis humanitaria en materia de DH:

El problema es qué territorios se conquistan y reorganizan y quién es el enemigo. Puesto que el enemigo anterior ha desaparecido, nosotros decimos que ahora el enemigo es la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los DH, maestros, intelectuales, artistas. Cualquiera que se crea libre y no lo está.[36]

En la violación sistemática y estratégica de los DH en México es posible encontrar los efectos de la Cuarta Guerra Mundial que entroniza al mercado y el dinero como valores absolutos y anula la humanidad. Un rasgo más que describe Marcos es el siguiente:

Éste es el efecto paradójico que está ocurriendo a causa de esta Cuarta Guerra Mundial. En lugar de que se globalice, el mundo se fragmenta y en lugar de que este mecanismo hegemonice y homogenice, van apareciendo cada vez más los diferentes. La globalización y el neoliberalismo están haciendo del mundo un archipiélago. Y hay que darle una lógica de mercado, organizar estos fragmentos en un común denominador. Es lo que nosotros llamamos “bomba financiera”.[37]

Una segunda explicación es la de Raúl Zibechi, quien retoma esta explicación de la Cuarta Guerra Mundial y se pregunta por los mecanismos de control de los dominados, sobre la base de las categorías de Boaventura de Sousa Santos que distinguen entre las regiones del ser y las del no ser, o el Norte y el Sur. Zibechi señala que en las primeras “El marketing, el consumismo, el endeudamiento, los sicofármacos y las máquinas informáticas, en vez de las máquinas simples, son algunas de las técnicas del control a cielo abierto, que poco a poco van componiendo un nuevo régimen de dominación. Hasta aquí, ninguna novedad”.[38] El problema, dice Zibechi, es que en las regiones del no ser no ocurre lo mismo, no sólo porque son demasiado pobres sino porque son diferentes, y apunta las siguientes diferencias:

La primera diferencia es la hegemonía de los valores de uso frente al predominio de los valores de cambio en la zona del ser. El capitalismo ha moldeado sólo parcialmente la vida cotidiana y las relaciones entre las familias, por lo que la ayuda mutua, la cooperación, el intercambio de bienes no mercantilizados y la solidaridad desempeñan un papel central. Incluso el dinero funciona como valor de uso, como enseñan los bancos populares que existen entre los de abajo.[39]

Una segunda diferencia estriba en “la potencia que tienen las relaciones comunitarias y de reproducción de la vida frente al individualismo y la producción que caracterizan la zona del ser. No sólo existen comunidades formales, sino relaciones sociales ancladas en los trabajos colectivos, tequio o minga, que producen bienes para el autoconsumo y el intercambio, sino que buena parte de esos trabajos están focalizados en la reproducción”.[40] Finalmente, hay una tercera diferencia que “se relaciona con la existencia de múltiples formas de trabajo: salario, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y emprendimiento mercantil familiar”.[41]

A partir de estas diferencias, Zibechi se pregunta cómo se controla a cielo abierto a esta parte de la humanidad, a todos estos “sures” a los que se refiere Boaventura. No nos sorprende, pues, que Zibechi responda a su pregunta en los siguientes términos:

El régimen de control en la zona del no–ser tiene en el narco y en el feminicidio sus ejes centrales. Donde los jóvenes no son domesticables y las mujeres no obedecen ni al esposo ni al cura; donde ellas crearon formas de vida y reproducción de la vida en sus mercados autocontrolados y los jóvenes practican culturas diferentes, no integrables en los circuitos dominados por los monopolios del entretenimiento. El narco impide que los chicos desplieguen sus formas de vida y el feminicidio actúa contra las mujeres rebeldes. En ambos casos apuntan a revertir la crisis del patriarcado y el desborde de los espacios de encierro.[42]

El crimen organizado comienza en las burocracias estatales y extiende sus ramificaciones a la manera de la hidra capitalista que denuncian las y los zapatistas, todo como efecto de la Cuarta Guerra Mundial. Es necesario bajar a donde ocurre la mayoría de las masacres, como en una colonia popular de Nochixtlán, Oaxaca, o en el desierto de Ciudad Juárez. De ahí la advertencia final de Zibechi:

El problema es que esta realidad (el papel del narco y del feminicidio) no se puede percibir desde la academia o desde las instituciones estatales. Hay que estar allí, en la favela o en la comunidad, para comprender hasta qué punto las autoridades son cómplices y, de modo muy particular, los aparatos armados del Estado. En muchos barrios los narcos se instalaron protegidos por policías o militares. Unos y otros trabajan en la misma dirección: neutralizar a los de abajo.[43]

Pareciera que hay una cierta fatalidad en estas conclusiones. Sin embargo, Zibechi nos da la pista cuando afirma que “las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia, y que éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en que las opresiones sean iluminadas. Por eso es importante discernir el papel que el narco y el feminicidio están jugando, como núcleo de las nuevas contrainsurgencias”.[44] De ahí la importancia de analizar los exámenes a México por parte de los comités de las convenciones, exigir el pleno cumplimiento de sus recomendaciones; pero también la necesidad de iluminar las causas estructurales por las que el EM no está en condiciones de cumplirlas, simple y sencillamente porque obedece a otra lógica, la que le han impuesto los tratados de libre comercio, la Cuarta Guerra Mundial y, en particular, la estrategia de una guerra contra el pueblo a través del narco y los feminicidios.

Finalmente, destacamos el papel de la sc, en particular los pueblos indígenas, que han levantado banderas en defensa de su tierra, territorios y culturas, con conocimiento del PIDESC o sin él, y son fuente de esperanza en la construcción de otro mundo en el que la dignidad humana sea reconocida y respetada.

 

Fuentes documentales

Asociación Dominicans for Justice and Peace, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria op” a.c., Comunicación al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe presentado en ocasión del examen de los Informes periódicos quinto y sexto de México durante la 60ª Pre–sesión del Grupo de Trabajo. ONU–DH, 2016. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICO%2fMEX%2f26426&Lang=es Consultado 24/02/2017.

Berrón, Gonzalo y Brennan, Brid, “Golpes mortales al poder corporativo (Trasnacionales y Derechos Humanos)” en alai, América Latina en Movimiento, Quito, diciembre de 2016, año 40, No. 520, pp. 1–4.

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http://www.iberopuebla.mx/OVSG/bibliotecaVirtual/docs/debida_diligencia_en_la_investigacion_de_graves_viol_a_dh.pdf

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, 2016, Ciudad de México, 2016. http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-ambientales-2016.pdf

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Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Los muros arriba, las grietas abajo (y a la izquierda) http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/

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Gobierno de México, Respuestas del Gobierno de México a la Lista de Cuestiones que deben abordarse al examinar el Informe presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (e/c.12/mex/q/4), México. 2006. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMEX%2fQ%2f4%2fAdd.1&Lang=en

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Zibechi, Raúl, “Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos” en La Jornada, Ciudad de México, demos, Desarrollo de Medios, 5 de agosto de 2016, http://www.jornada.unam.mx/2016/08/05/opinion/018a1pol Consultado 30/08/2016.

 

[1] Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales, 2016. Las direcciones de los documentos electrónicos citados a lo largo del documento se especifican al final en las Fuentes documentales.

[2] Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Los muros arriba, las grietas abajo (y a la izquierda). Versión electrónica.

[3] Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Construyendo un Tratado sobre Derechos Humanos y Trasnacionales en la ONU, 2016. Documento electrónico.

[4] Idem.

[5] Idem.

[6] Gonzalo Berrón y Brid Brennan, “Golpes mortales al poder corporativo (Trasnacionales y Derechos Humanos)” en alai, América Latina en Movimiento, Quito, diciembre de 2016, año 40, No. 520, pp. 1–4, p. 2.

[7] Érika Ramírez, “Trasnacionales sobre el territorio de 2 mil 500 comunidades campesinas” en Revista Contralínea, Editorial Libertad y Expresión, México, 4 de enero de 2015. Documento electrónico.

[8] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México 2016, Ciudad de México, 2016. Documento electrónico.

[9] Asociación Dominicans for Justice and Peace, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria op” a.c., Comunicación al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe presentado en ocasión del examen de los Informes periódicos quinto y sexto de México durante la 60ª Pre–sesión del Grupo de Trabajo. ONU–DH, 2016, pp. 14–15. Documento electrónico.

[10] Ibidem, p.5.

[11] Idem.

[12] Ibidem p.8.

[13] Ibidem p.16.

[14] Ibidem p.11.

[15] Ibidem, p.10.

[16] Ibidem, p.11.

[17] Christian Solidarity Worldwide, Submission from Christian Solidarity Worldwide to the CESCR on Mexico, 60th Committee Session, 20–24 de febrero 2017, p.3. Documento electrónico.

[18] Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio Pronunciamiento de las organizaciones campesinas frente a los 20 años de TLCAN: 20 años del TLCAN son insuficientes, 2014. Documento electrónico.

[19] Idem.

[20] Idem.

[21] Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, 21 de marzo de 2011. Documento electrónico.

[22] Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales, ONU–DH, 2016. Documento electrónico.

[23] GTDHETN, Declaración del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos al final de su visita a México. Ciudad de México, 7 de septiembre de 2016. Documento electrónico.

[24] El término “debida diligencia” es un término técnico utilizado en el DIDH y se refiere, en primer lugar, a la inmediata investigación de una grave violación de DH; en segundo lugar, se refiere también a la responsabilidad de cuidar y proteger todos los DH. CFR. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, Buenos Aires, CEJIL, 2010. Documento electrónico.

[25] OCDE, Guía de Debida Diligencia para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector de Extracción. Borrador para comentarios. Abril de 2015.

[26] Gobierno de México, Cuartos informes periódicos que deben presentar los Estados Parte de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, México, 2004. Documento electrónico.

[27] Idem.

[28] Idem.

[29] Gobierno de México, Respuestas del Gobierno de México a la Lista de Cuestiones que deben abordarse al examinar el Informe presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (e/c .12/mex/q/4), México, 2006. Documento electrónico.

[30] Idem.

[31] Consejo Económico y Social, Acta resumida de la 14a Sesión, Ginebra, 2006. Documento electrónico.

[32] Idem.

[33] Aunque a los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, no les han cumplido las promesas de seguridad social.

[34] Idem.

[35] Subcomandante Insurgente Marcos, “La cuarta guerra mundial” en La Jornada, Ciudad de México, demos, Desarrollo de Medios, 23 de octubre de 2001. Documento electrónico.

[36] Idem.

[37] Idem.

[38] Raúl Zibechi, “Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos” en La Jornada, Ciudad de México, demos, Desarrollo de Medios., 0 de agosto de 2016. Documento electrónico.

[39] Idem.

[40] Idem.

[41] Idem.

[42] Idem.

[43] Idem.

[44] Idem.