El campo de las y los defensores de los derechos humanos en México. Conclusiones generales

David Velasco Yáñez, sj (coordinador) [*]

 

Recepción: 25 de septiembre de 2018

Aprobación: 10 de julio de 2019

 

Resumen. Velasco Yáñez, David, sj. El campo de las y los defensores de los derechos humanos en México. Conclusiones generales. El artículo da cuenta de las conclusiones y hallazgos de la investigación sobre el campo de las y los defensores de los derechos humanos en México. Por un lado, se recoge una serie de constataciones sobre las principales luchas que se dan en el campo y, por otro, las líneas de prácticas que llevan al fortalecimiento del movimiento por los derechos humanos, tales como debates teóricos y prácticos y propuestas en torno a un conjunto de medidas de seguridad que rebasen la conflictividad interna y procuren estrategias de autocuidado y humanización de la lucha por hacer vigentes todos los derechos para todos y todas.

Palabras clave: Derechos humanos, contrahegemonía, defensores de derechos humanos, diálogo pluricultural, multiculturalidad, Estado, alianzas.

 

Abstract. Velasco Yáñez, David, sj. The Field of Human Rights Defenders in Mexico. Overall Conclusions. The article presents overall conclusions and findings of the research into the field of human rights defenders in Mexico. On the one hand, it compiles a series of determinations about the main struggles taking place in the field and, on the other, it points out lines of practice that can help to strengthen the human rights movement, including theoretical and practical debates, as well as proposals for a set of security measures that would transcend internal conflicts and offer strategies for self-care and humanization in the struggle to validate the rights of all.

Key words: Human rights, counter–hegemony, human rights defenders, pluricultural dialogue, multiculturalism, State, alliances.

 

Introducción

El trabajo se propone condensar los principales resultados de una larga y variada investigación que partió de la pregunta ¿por qué matan a defensores y defensoras de los derechos humanos? y que termina con una reflexión sobre la necesaria complementariedad entre los derechos humanos (DH) y otras concepciones de la dignidad humana en diálogo como las teologías de la liberación producidas en todo el mundo, en especial, abajo y a la izquierda, para lograr un ejercicio contrahegemónico de los derechos humanos.

Las conclusiones a las que llegamos son puntos de partida tanto para la acción como para el establecimiento de diálogos y de nuevas líneas de investigación. Intentamos una secuencia relativamente lógica, en la que partimos de la que consideramos la principal oposición estructural que impide el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, oposición entre el derecho internacional de los derechos humanos y los tratados comerciales. En esta contradicción estructural, destaca el papel del Estado mexicano ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, debido a la paradoja de ser el Estado que mayor número de tratados, declaraciones y convenciones ha firmado y ratificado y, al mismo tiempo, el que reúne más de tres mil recomendaciones,[1] muchas de las cuales le son reiteradas por su incumplimiento.

Dada esa situación, podemos hablar del Estado mexicano como el Estado Juno, ese dios romano de dos caras: una, la cara del protector y garantista de los derechos humanos y, otra, la del mayor perpetrador de graves violaciones a los mismos. Esta paradoja o esquizofrenia del Estado mexicano tiene efectos en la vida y trabajo de las y los defensores de los derechos humanos (DDH), de los que recogemos algunas conclusiones y tareas relevantes al interior del movimiento de los DH.

Destacamos la relevancia que tiene la construcción de alianzas estratégicas y sinergias entre periodistas y defensores y entre defensores y expertos en DH, tanto de los que participan en los comités de los tratados como los que enseñan e investigan en las universidades a favor de derechos tan básicos como el derecho a la vida, y de ahí en adelante, todos los derechos para todos y todas. En este punto destacamos las prácticas exitosas de estas redes interdisciplinarias en torno a la defensa y protección de los DH.

Finalmente, subrayamos la necesidad de pensamiento crítico que posibilite nuevos conocimientos y prácticas exitosas del ejercicio de los DH, en una perspectiva pluricultural y contrahegemónica.

 

Tratados comerciales contra derechos humanos

Al inicio de la investigación, planteamos una serie de hipótesis sobre el por qué matan a los DDH. En la lucha por el dominio de la visión de los derechos humanos se esconde el más grande antagonismo estructural del campo: los intereses económicos frente a los derechos humanos. La visión dominante se refleja en la prevalencia de los tratados y tribunales comerciales sobre el derecho internacional de los derechos humanos, cuando del interés nacional se trata. Así lo muestra la imposición de megaproyectos de inversión extranjera y nacional que despojan a pueblos de sus territorios y violan el derecho a un ambiente sano; las empresas transnacionales que generan capital a costa de la precarización del trabajo y de una vida digna; las manufactureras que explotan a trabajadores y trabajadoras con el fin de maximizar las utilidades; las inversiones y capitales que cruzan las fronteras con mucho menos restricciones que las personas que huyen de conflictos, crisis o desastres; el difícil acceso a educación, salud, alimentación y los asesinatos de DDH que se oponen a las agresiones a personas y comunidades. Detrás del discurso hegemónico convencional de los DH, existen poderes dominantes y colonialistas cuyos intereses corporativos tratan de guiar la lógica de los derechos humanos.

Este antagonismo proviene de un modelo internacional de dominación económica y cultural que reduce todo a las lógicas de mercado y que se impone a los países pobres. Los tratados comerciales suelen ser el centro de mayor atención y peso para los Estados; estos buscan generar las condiciones propicias para la atracción de inversiones y capitales. En la raíz de la problemática se encuentra un Estado que ha trabajado al servicio de las empresas transnacionales (ETN) y de los intereses del gran capital, que concesiona los derechos humanos, los espacios públicos y el medio ambiente. Esta oposición es estructural, por lo que sistemáticamente genera violaciones de DH, en particular, de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que buscan garantizar el bienestar social.

Este predominio económico tiene graves consecuencias sobre los DESCA y, por tanto, sobre el bienestar social, señalamos las tres principales:

1) Imposición del interés corporativo sobre el interés nacional.  Cuando se trata de acuerdos y compromisos internacionales, las empresas e intereses transnacionales se imponen a los Estados e intereses nacionales en los tratados productivos, comerciales, ambientales, energéticos y políticos, lo que vulnera el ámbito de los DH, en particular, los relacionados con el bienestar social. Un ejemplo es la renegociación del TLCAN (ahora T MEC): quienes negocian los nuevos términos son las empresas y los gobiernos, sin transparencia para la población que es la principal afectada. Debido a esto, los derechos laborales, económicos, culturales, sociales, colectivos, de la tierra y de las futuras generaciones, son sometidos a los intereses económicos. La imponente lógica del mercado obliga a ceder los intereses nacionales frente al gran capital transnacional.

2) Tratamiento de los derechos humanos como mercancía. Las limitaciones y desventajas con las que se encuentra el Estado mexicano en el orden mundial y los intereses a los cuales responde, provocan que someta lo público y nacional al capital y a las empresas transnacionales y que concesione a las empresas la provisión y gestión de bienes y servicios básicos para una vida digna, por lo que los desca quedan sujetos a aquellos derechos que benefician la acumulación de capital: derecho a la propiedad y al libre comercio.

3) Impunidad de las empresas e intereses transnacionales.  El Estado mexicano es incapaz de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos porque simplemente obedece a la lógica impuesta por el mercado y los tratados de libre comercio, una forma generada para garantizar los intereses de inversionistas y empresas. Bajo esa lógica se ve obligado a tolerar la violación sistémica de derechos humanos por los megaproyectos de todo tipo, las empresas de transgénicos, las maquiladoras, etc., frente a los cuales, el Estado mexicano no cuenta con la fuerza estructural suficiente para someter los intereses privados al Estado de Derecho.

Este antagonismo estructural ha generado diversas expresiones de opresión también en México. Quienes defienden los derechos humanos figuran entre las principales víctimas al luchar contra un sistema capitalista y perpetrador que destruye todo lo que se le opone. Sin embargo, como sostiene Raúl Zibechi, “las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia […] éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en la que las opresiones sean iluminadas”.[2]

En sintonía con este planteo de Zibechi está la posición del Subcomandante Insurgente Moisés, quien señala que dentro de la crisis capitalista existe otra que, “pasa desapercibida […] la emergencia y proliferación de rebeldías, de núcleos humanos organizados que desafían no sólo al Poder, también a su lógica perversa e inhumana. Diversa en su identidad, esta irrupción aparece como una anomalía al sistema”.[3]

Frente a la imponente lógica del mercado, no basta con rebeldías atomizadas por muchas que sean; resulta necesario construir un frente que incorpore las diversas luchas y trazar, como lo proponen los zapatistas, “un mapa contemporáneo de las rebeldías y resistencias de todo el planeta”.[4] En esta línea, surgen entidades y movimientos que buscan monitorear y limitar el poder de las empresas transnacionales y que han conformado grupos y redes como el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y ETN y otros organismos de la ONU (GTDHETN), el cual reconoce que el poder de las transnacionales les permite cometer abusos, violaciones de derechos humanos y ataques contra sociedades, y trabaja desde 2015 en la elaboración de un tratado vinculante para las ETN en materia de derechos humanos (en julio de 2019 se presentó el Borrador Revisado del Tratado Vinculante).[5]

Gran parte de este trabajo ha sido producto de los esfuerzos y presiones de los diferentes grupos civiles (muchos de ellos integrados en lo que se conoce como “La Campaña Global”) que también reclaman mecanismos jurídicos que regulen el actuar de las ETN. Ha sido una lucha difícil. La Unión Europea, que se expone históricamente como institución mundial comprometida con la promoción y protección de los DH, ha dilatado las negociaciones para la conformación del tratado y mantiene una posición obstruccionista: en las últimas rondas de negociación ha demandado la restricción del mandato del GTDHETN,[6] con miras a tomar control sobre el asunto. Una vez más, nos topamos con el antagonismo estructural de los intereses de mercado frente a la dignidad humana.

 

El Estado mexicano ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

En dos momentos de la investigación, analizamos la situación del Estado mexicano durante los exámenes periódicos ante los comités de los tratados internacionales sobre DH, y concluimos en la necesidad de pasar del paradigma de las recomendaciones al de la evaluación de su puesta en práctica. Esta modificación es tanto más necesaria cuando constatamos las más de tres mil recomendaciones de los organismos internacionales a México, muchas de ellas reiteradas por incumplimiento, y muchas de las cuales tienen relación con la necesaria armonización de la legislación interna con el derecho internacional de los DH.

Esta cantidad de recomendaciones no incluye las que, tanto a nivel nacional como en cada una de las entidades federativas, han emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cada una de las Comisiones Estatales que, en conjunto, forman el sistema nacional de protección de los DH. En su momento señalamos que es el sistema más caro del mundo y es notable su ineficiencia debido, en buena parte, a su falta de autonomía e independencia de los poderes locales.

Pero también constatamos la simulación que las delegaciones oficiales realizan ante los comités de expertos independientes. Sin embargo, la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, a través de los llamados “informes sombra”, han expuesto otra versión de los hechos debidamente documentada. Estas prácticas de la sociedad civil han resultado indispensables para orientar la opinión, valoración y recomendaciones precisas que los comités internacionales hacen a México, en la perspectiva de una adecuada evaluación de los avances y los impactos de su implementación.

En estas circunstancias, destacamos los momentos de conflicto entre funcionarios federales y organismos internacionales, entre los que sobresalen la acusación contra el ex Relator Especial contra la Tortura, Juan Ernesto Méndez, al que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores le señalaron, un año después de que presentó el informe de su visita a México, de hacer un “trabajo poco profesional y poco ético”. El otro caso es la expulsión de facto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la aceptación obligada de un Mecanismo de Seguimiento.

El caso omiso del Estado mexicano a las recomendaciones tanto de organismos de la CIDH como de los comités de la ONU y del sistema nacional de protección, propicia que se vuelvan a cometer las mismas violaciones, a pesar de que se denuncien ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); se ha creado un círculo vicioso que parece interminable. La cantidad de “sentencias incumplidas” por parte del Estado mexicano crece porque las cuestiones de fondo de tales sentencias no se han atendido.

La falta de carácter vinculante de las recomendaciones de los comités de los tratados hace que muchas de ellas sean reiteradas en el tiempo, sea por un mismo comité o por varios. México vive una crisis humanitaria y tiene un gobierno que permite que la impunidad siga existiendo y aumentando en el país, por lo que las violaciones a los derechos humanos del pueblo mexicano se han normalizado.

Las personas responsables de darle seguimiento a estas sentencias y recomendaciones las desconocen o no se dan por aludidas porque se les obliga a actuar reparando daños, esto dificulta que las cumplan. La lucha por parte de los comités de los tratados y de la CIDH para que el Estado mexicano aplique lo que ha firmado y ratificado ha sido una lucha fallida.

A pesar del cúmulo de recomendaciones, en 2017 el gobierno suscribió y aprobó la Ley de Seguridad Interior que va en contra de todo lo que ha firmado para proteger los derechos humanos. Tal vez esa sea la razón por la que la LXIV Legislatura inició la discusión para abrogar dicha ley. Estas actuaciones y decisiones del Estado lo muestran como contradictorio y dejan clara su falta de compromiso para cumplir lo que ha firmado en materia de derechos humanos.

 

El Estado Juno en México

Aunque el Estado mexicano en sus informes presentados en materia de derechos humanos demostrara haber trabajado en su protección, existe una contradicción estructural en la que por un lado, el Estado se enaltece de haber participado en más de 55 instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales por más de 30 años y, por otro lado, ese mismo Estado ha recibido innumerables recomendaciones en materia de derechos humanos.

El Estado mexicano vive una paradoja: frente al sistema internacional muestra su compromiso e interés promoviendo iniciativas, no obstante, al interior del país comete graves violaciones a los derechos humanos por comisión, por omisión o por aquiescencia.

En cuanto a la comisión, el Estado usa la excusa de mantener el “Estado de derecho” e impone una concepción particular del concepto, interpretándolo bajo ciertos intereses particulares. Algunos ejemplos son el caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en 2014 y respecto al cual el gobierno federal manejó la versión de que los 22 muertos eran “presuntos criminales” que murieron en un enfrentamiento; o el caso de la matanza de Apatzingán en 2015, en la que perdieron la vida 16 personas a manos de elementos de la policía federal, aunque el gobierno argumentó que fue un enfrentamiento entre civiles.

La omisión se identifica cuando el Estado deja de intervenir ante graves violaciones de los derechos humanos, argumenta que el responsable es el crimen organizado e intenta adjudicar la mayor parte de crímenes contra la población y DDH a estas organizaciones criminales para deslindarse del problema. Es una posición que nutre la impunidad.

Los funcionarios del Estado tratan de imponer la visión de que los derechos humanos son un obstáculo para la seguridad nacional, lo que constituye la aquiescencia que se da cuando con el discurso de seguridad nacional se usan políticas de militarización so pretexto de la lucha contra el crimen organizado y se criminaliza a los DDH.  En la historia reciente del país hay varios casos que prueban el consentimiento por parte del Estado a la violación de derechos humanos, como la guerra sucia que comenzó en la década de 1960, de cual la  masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 es emblemática, o en la década de 1990 cuando el Estado mexicano entrenó paramilitares para que entraran a las tierras de los Altos de Chiapas con el propósito de fragmentar y destruir resistencias que buscaban la garantía y respeto de sus derechos y dignidad, de la misma manera, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012) se implementó la llamada guerra contra el narcotráfico e inició la abierta militarización del país y el crecimiento de las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos.

Respecto al Estado comprometido y promotor de Derechos Humanos, en la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, la CNDH publicó 140 compromisos para hacer posible los Derechos Humanos, como legalidad, seguridad y justicia para los DDH, entre otros; en cuanto a la armonización normativa afirma que es necesario “Regular el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades limitándolo a ser un último recurso en casos excepcionales y con estricto apego a derecho.”[7] De la misma manera, en cuanto a legalidad, seguridad y justicia afirma que

[…] nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio. La seguridad que necesitamos es la que corresponda a un “Estado Democrático de Derecho”, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos […] una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades de la sociedad civil, concediendo a ésta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma.[8]

Pareciera que a través de este organismo que representa al Estado existe el compromiso de cumplir con el respeto y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, lo que realmente sucede es que el Estado simula cuando informa a los comités y a la población sobre sus esfuerzos y, en varias ocasiones, pasa de la simulación al enfrentamiento y descalificación. De ahí que haya la expectativa de un giro con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la sentencia de un tribunal de Tamaulipas que ordena la creación de una Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa.

Amnistía Internacional ya ha publicado recomendaciones de derechos humanos para el próximo gobierno, en los que afirma que “A pesar de los avances legislativos e institucionales puntuales, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones tales como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.[9]

Aunque no siempre el Estado es el actor del asesinato de DDH, en todos los casos es su responsabilidad hacerse cargo de la investigación, sanción y prevención de estos crímenes; de lo contrario viola los derechos humanos por omisión o aquiescencia. En consecuencia, nos encontramos con un Estado que no cumple, mínimamente, con su responsabilidad de ser garante del Estado de Derecho y que en muchos casos es perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos de pueblos y personas.

 

Las y los defensores de los derechos humanos

Al igual que existe una visión hegemónica sobre los derechos humanos, también existe una idea, una imagen y una visión hegemónica sobre lo que es o debiera ser una persona defensora de derechos humanos. Incluso, existe una Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en la que se les define como “los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos”.[10] Como se puede apreciar en esta investigación, es notoria la pluralidad de enfoques y de prácticas respecto a la DDH. En general se piensa que la defensa de los DH se reduce al ámbito jurídico, pero no es así: existen múltiples maneras de defender los derechos humanos y la defensa se puede realizar desde diferentes espacios como la academia, las Organizaciones de Sociedad Civil, el Estado, los colectivos, las comunidades en resistencia; es decir, todas y todos, cada uno desde nuestras trincheras, espacios y disciplinas, podemos ser DDH.

En México son miles los hombres y mujeres que dedican su vida a realizar esta valiosa labor, pero es preocupante que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y riesgo, debido a la violencia de la que constantemente son víctimas y que se traduce en amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones. Es tal el nivel de violencia y riesgos a los que se enfrentan día a día los DDH que, junto con la labor periodística, se han convertido en las labores más peligrosas para ejercer en nuestro país. Tan sólo basta ver los datos del informe Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad[11] elaborado por el Comité Cerezo y otras organizaciones que, a lo largo de los años, han documentado, sistematizado y hecho públicas tales agresiones.

La información que se presenta en el informe, además de reflejar la realidad y los peligros que día a día enfrentan DDH, expone la estrategia de represión política implementada por parte del Estado mexicano hacia aquellas personas que develan y denuncian sus omisiones, comisiones, aquiescencias y abiertas colusiones con el crimen organizado y las empresas transnacionales. Tal como se señala en el informe, la represión política se ha intensificado a lo largo de los años: ha pasado de las amenazas a la consumación de éstas, entiéndase por ello agresiones físicas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas.

Una evidencia de lo anterior, es la cantidad de DDH que han sido víctimas de agresiones. Tan sólo del 2006 a septiembre de 2018, 228 personas defensoras fueron asesinadas, 165 fueron desaparecidas de manera forzada y 396 fueron detenidas arbitrariamente.[12] Es importante señalar que, si bien las cifras anteriores brindan un panorama general sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas DDH, ni son todos los casos ni son todas las agresiones porque la impunidad y el miedo desalientan las denunciadas.

Todas las personas DDH están expuestas a estos riesgos, pero hay factores que colocan a ciertos grupos de ellas en una situación de mayor vulnerabilidad. Estos factores son el sexo, el tipo de derecho que defienden, los recursos con los que cuentan, sus alianzas, el lugar donde realizan la defensa y la pertenencia a una comunidad indígena, entre otros.

La exposición a estos riesgos, el Estado indolente, el enfrentamiento ordinario de la injusticia y del dolor y sufrimiento de miles de personas, impacta su vida tanto positiva como negativamente. Lo anterior, implica que cambien sus hábitos y modos de vida y la implementación de diversas acciones para enfrentar estos riesgos y batallas. En la investigación hemos documentado que son pocas las personas DDH que expresan su necesidad de contar con alguien que les escuche, les cuide y les defienda.

Quienes defienden los derechos humanos enfrentan diversas luchas, las clasificamos en luchas externas y luchas internas. Las externas son las que se encuentran más documentadas y, por lo tanto, son las más visibles: la impunidad, las imposiciones del sistema neoliberal, la criminalización de la defensa de los DH, la lucha por la visión hegemónica, el crimen organizado y la colusión del Estado, entre otras. En cambio, las luchas internas han sido menos visibilizadas, lo que coloca a quienes están en ellas en una situación de mayor vulnerabilidad. Algunas de estas luchas internas son la disputa por los recursos y el financiamiento, la disparidad respecto a la profesionalización, la reproducción de la violencia machista dentro del campo de la defensa de los DH, el desequilibrio entre la vida personal y la profesional y la trivialización de la defensa de los derechos humanos, entre otras.

A partir este panorama, nos encontramos con un cuestionamiento ¿qué hace que miles de hombres y mujeres hagan de este trabajo una opción de vida y configuren, en concordancia con la misma, una manera de situarse ante la crisis que vive nuestro país? Como señalamos en su momento,[13] los testimonios de diversas personas DDH muestran que tal opción nace de la cercanía con las víctimas y sus familiares, del contacto con su dolor y la injusticia, el cual se transforma en indignación, en construcción de esperanza y en motor para moverse en favor de los que sufren.

 

Alianzas estratégicas y sinergias

Las personas DDH en México se encuentran en una situación de vulnerabilidad, están constantemente expuesta a situaciones que ponen en peligro su integridad física y psicológica, lo cual se intensifica si realizan su labor de manera aislada; por lo cual es fundamental la creación de alianzas como las que pueden establecerse entre organizaciones, defensores y periodistas a nivel nacional e internacional. La creación de redes de apoyo posibilita que ejerzan su cometido de una manera más segura, que las organizaciones y/o personas y sus luchas sean conocidas y reconocidas en ámbitos más amplios, lo cual proporciona mayor protección frente a la violencia proveniente tanto de grupos criminales como del Estado. El hecho de que una organización o un defensor reciba un reconocimiento local y, en especial, internacional constituye un freno a las amenazas por parte del Estado dado que éste procura contar con una imagen positiva en la esfera global y las persecuciones a DDH cuentan con el rechazo de la comunidad internacional.

Las alianzas de DDH con periodistas han posibilitado que se gesten medios de comunicación alternativos a los habituales que dominan el mercado y que no ofrecen espacios para información sobre el trabajo de DDH o sobre las violaciones de las cuales son víctimas, porque tal información es incómoda y expone tanto a grupos como a empresas y gobiernos y perjudica la relación de estos medios con intereses establecidos y con el Estado mexicano, sus agencias o funcionarios. La creación y fortalecimiento de medios alternativos es una nueva manera de difundir información y de defender los derechos humanos.

Además de estos esfuerzos por constituir medios alternativos de comunicación y dado el grado de violencia y persecución que sufren las personas DDH, surgen organizaciones cuya tarea consiste en la capacitación de personas y organizaciones de DDH.

En cuanto a las personas que se dedican a investigar desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, existen dos maneras de abordar estos temas: las organizaciones o grupos que le exigen al gobierno justicia y las organizaciones o grupos que culpan al gobierno de llevar acabo estos crímenes. Estos espacios de encuentro entre organizaciones han sido muy positivos: la interacción y trabajo entre diferentes visiones enriquece y fortalece el trabajo conjunto, muestra de tales espacios son las sesiones organizadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI).

Gracias a estos encuentros internacionales se creó la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED, por sus siglas en inglés) de la cual forma parte la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (FEDEFAM) y dentro de ésta se encuentra, a su vez, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en México (AFADEM). Se trata de una red de apoyo entre organizaciones que se posicionan en contra de las desapariciones forzadas y que exigen justicia.

Uno de los logros de estas alianzas entre organizaciones, activistas, periodistas y expertos es que han logrado difundir información fiable y debidamente documentada sobre las violaciones de derechos humanos y sobre las dificultades que los DDF enfrentan en un Estado como el mexicano que se ha mostrado como el primer perpetrador de infracciones a los DH; además, han logrado desmentir versiones negativas creadas alrededor del oficio de defensores de derechos humanos. Se trata de un fortalecimiento mutuo: los expertos independientes redactan proyectos de declaraciones o convenciones, por su parte son los activistas presionan para lograr impulsar su cumplimiento con el apoyo constante de periodistas que comunican el trabajo y las violaciones de DH que sufren los actores involucrados.

 

La lucha por la visión legítima de los derechos humanos y la necesidad de repensarlos

Como en cualquier campo social, una de las principales luchas que les dan dinamismo es la lucha por el monopolio de la visión legítima, en este caso, de los derechos humanos. En la investigación que hemos realizado sobre el campo de las y los defensores de los derechos humanos, llegamos a la paradoja de la ejecución extrajudicial de defensores y defensoras en nombre de los derechos humanos. Se trata del uso imperialista de los derechos humanos o, mejor dicho, criminal, cuando así conviene a los intereses de las grandes trasnacionales. Queda pendiente el ejercicio contrahegemónico de los derechos humanos, que recoja la riqueza del diálogo intercultural entre distintas tradiciones como las teologías políticas y que alimente la interioridad de quienes luchan por el respeto de los DH.

Para quienes llevan años en este oficio de altísimo riesgo, tal ejercicio se pospone por la urgencia de la denuncia, del seguimiento al litigio estratégico y la atención y acompañamiento a las personas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, el activismo siempre cobra su cuota al tiempo necesario para el cuestionamiento, el estudio y la reflexión de nuestra propia acción. Una visión crítica del campo de los derechos humanos permitiría desempeñar el oficio de defender los derechos humanos con un sentido ético y político que no suele darse de manera ordinaria. Boaventura de Sousa Santos insiste en la necesidad de esta reflexión radical:

Por supuesto que hubo conquistas en muchas luchas, y muchos activistas de los derechos humanos pagaron con la vida el precio de su entrega generosa. ¿Acaso yo mismo no me consideré y me considero un activista de los derechos humanos? ¿Acaso no escribí libros sobre las concepciones contrahegemónicas e interculturales de los derechos humanos? A pesar de eso, y ante una realidad cruel que únicamente no salta a la vista de los hipócritas, ¿no será tiempo de repensar todo de nuevo? Al final, ¿de qué y de quién fue la victoria de los derechos humanos? ¿Fue la derrota de qué y de quién? ¿Habrá sido coincidencia que la hegemonía de los derechos humanos se acentuó con la derrota histórica del socialismo simbolizada en la caída del Muro de Berlín? Si todos concuerdan con la bondad de los derechos humanos, ¿ganan igualmente con tal consenso tanto los grupos dominantes como los grupos dominados? ¿No habrán sido los derechos humanos un artificio para centrar las luchas en temas sectoriales, dejando intacta (o hasta agravada) la dominación capitalista, colonialista y patriarcal? ¿No se habrá intensificado la línea abismal que separa a los humanos de los subhumanos, sean estos negros, mujeres, indígenas, musulmanes, refugiados o inmigrantes indocumentados? Si la causa de la dignidad humana, noble en sí misma, fue entrampada por los derechos humanos, ¿no será tiempo de desarmar el engaño y mirar hacia el futuro más allá de la repetición del presente?[14]

No parece que podamos responder con facilidad y sencillez a estas preguntas. Pero sí consideramos necesario abrir espacios plurales para discutir, dialogar, confrontar y abrirnos a la posibilidad de pensar la dignidad humana en términos de diálogos de saberes, desde las epistemologías del sur, de carácter pluri y multicultural, diálogos entre académicos, expertos y activistas que serán fecundos en la medida en que haya la apertura y disposición con pleno conocimiento de causa de que, dicho coloquialmente, no es lo mismo lidiar con el toro bravo del capitalismo salvaje y su guerra contra la humanidad, que mirar los toros desde la barrera de la academia.

Máxime si, como sería deseable, acogen la pluralidad quienes participan en la construcción de múltiples autonomías en las que se ejercen por la vía de los hechos diversidad de derechos y se respeta y protege la dignidad humana. Afrontar real y verdaderamente el cuestionamiento que formula Boaventura de Sousa Santos con sus preguntas, supone un cambio de mentalidad, una conversión ética y política (y espiritual) tanto de académicos como de activistas para abrirse a la búsqueda de conceptos más adecuados que posibiliten comprender la realidad de la crisis civilizatoria que vivimos y que no alcanzamos a salvar con un concepto eurocéntrico y estadocéntrico de los derechos humanos.

Las respuestas habrá que construirlas a partir del diálogo de saberes, entre académicos, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y activistas que los acompañan. El punto común es encontrar nuevas maneras de conceptualizar la dignidad humana y tratar de que el derecho internacional de los derechos humanos no quede reducido a un uso convencional que participa también de la crisis actual de los Estados contemporáneos bajo la hegemonía de los grandes corporativos trasnacionales, comenzando por los financieros.

 

Trabajos publicados de este proyecto de investigación

En los números 85–87, 89–91, 93–103,105–107 de esta misma revista Xipe totek, Revista del Departamento de Filosofía y Humanidades, se pueden consultar otras 20 publicaciones además de la actual sobre el proyecto de investigación “El campo de las y los defensores de los derechos humanos en México”, 2013–2018. Los números están disponibles en www.xipetotek.iteso.mx

 

Además:

Velasco Yáñez, David, sj (coord.), “El campo de las y los defensores de derechos humanos en México. El sistema ombudsman de México. 7ª Parte” en Espiral, Revista de Estudios sobre Estado y Sociedad, Universidad de Guadalajara, vol. XXII, núm. 63, mayo/agosto de 2015, pp. 185-220.

Velasco Yáñez, David, sj (coord.), El oficio de defender los derechos humanos, ITESO, Tlaquepaque, 2016.

 

Fuentes bibliográficas

Amnistía Internacional, México: memorándum para el presidente electo. Recomendaciones de Derechos Humanos para el próximo gobierno, Amnesty International, Londres, 2018. Versión electrónica. https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2018/08/Mexico_MemoPresidencia_20180808.pdf Consultada 3/IX/2018.

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 9 de diciembre de 1998.  Versión electrónica https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf Consultado 9/VIII/2018.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, México, 2018, Versión electrónica https://www.cndh.org.mx/documento/agenda-basica-de-derechos-humanos-2018 Consultado 12/IX/2018.

Comité Cerezo et al., Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad, México, 2018. Versión electrónica https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3063#Descarga-y-lee-la-presentacion-del-informe Consultado 9/IX/2018.

Open–Ended Intergovernamental Working Group (OEIGWG), “Se publica el borrador del tratado vinculante de las Naciones Unidas (20 de julio 2018)” Versión electrónica https://www.stopcorporateimpunity.org/se-publica-el-borrador-del-tratado-vinculante-de-las-naciones-unidas-20-de-julio-2018/?lang=es Consultado 19/IX/2018

Ortiz, Lucía y van Schaik, Anne, “¿Por qué la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas trasnacionales con respecto a los derechos humanos?”, Friends of the Earth International, 2018. Versión electrónica https://www.foei.org/es/noticias/europea-union-teme-vinculante-tratado Consultado 19/IX/2018.

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NOTAS AL PIE

[*]  Profesor del ITESO. dvelasco@iteso.mx Con la colaboración de Cataly Cubero Espinal, Diana Araceli Pérez González, Claudia Fernanda Díaz Ponce Castañeda, estudiantes de Relaciones Internacionales; Emilia Díaz Corona Centeno, alumna de Psicología y Denisse Montiel Flores, egresada de Relaciones Internacionales y de Derecho del ITESO.

 

[1] Al respecto, se puede consultar la extraordinaria base de datos de recomendaciones internacionales a México en materia de DH, disponible en: recomendacionesdh.mx

[2] Raúl Zibechi, “Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos”, en La Jornada, Ciudad de México, Desarrollo de Medios, 5 de agosto de 2016. Documento electrónico.

[3] Subcomandante Insurgente Moisés, “300. Segunda parte: Un continente como patio trasero, un país como cementerio, un pensamiento único como programa de gobierno y una pequeña, muy pequeña, pequeñísima rebeldía” en Enlace Zapatista, agosto de 2018. Documento electrónico.

[4] Subcomandante Insurgente Moisés, “300. Tercera y última parte: Un desafío, una autonomía real, una respuesta, varias propuestas y algunas anécdotas sobre el número “300”.” en Enlace Zapatista, agosto de 2018. Versión electrónica.

[5] Open–Ended Intergovernamental Working Group (oeigwg), “Se publica el borrador del tratado vinculante de las Naciones Unidas (20 de julio 2018)” Versión electrónica.

[6] Lucía Ortiz, y Anne van Schaik, “¿Por qué la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas trasnacionales con respecto a los derechos humanos?”, Friends of the Earth International, 2018. Versión electrónica.

[7] Comisión Nacional de Derechos Humanos, Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, México, 2018, p. 14. Versión electrónica.

[8] Ibidem, p. 20.

[9] Amnistía Internacional, México: memorándum para el presidente electo. Recomendaciones de Derechos Humanos para el próximo gobierno, Amnesty International Ltd, London, 2018. Versión electrónica

[10] Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 9 de diciembre de 1998. Versión electrónica

[11] Comité Cerezo et al., Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad, México, 2018. Versión electrónica.

[12] Idem.

[13] David Velasco (coord.), El oficio de defender los derechos humanos, ITESO, Tlaquepaque, 2016.

[14] Boaventura de Sousa Santos, “Los conceptos que nos faltan” en Público, ALSA, Madrid, 3 agosto, 2018. Versión electrónica.